Hacia la defensa del núcleo intangible de la Constitución
I.
PLANTEAMIENTO
GENERAL
“...Es evidente, en efecto, que podríamos diferenciar los
bienes según una doble acepción: unos por sí mismos, otros por razón de
aquellos. Separando, pues, los bienes esenciales de los bienes útiles…”[1]
Aristóteles
Publicado en Cuestiones Constitucionales
(Revista Mexicana de Derecho Constitucional)
Hace
algún tiempo escuche de alguien decir que todas las cosas tienen un núcleo, una porción esencial
e intangible, y que además, ahí se contiene la información más importante de
cada existencia.
Pasando por la más simple de las
existencias -como lo
es la de una diminuta célula-
hasta la más compleja -como
lo es la existencia del universo-, el ser humano, gracias al sentido
común y al maravilloso deseo cognoscitivo que posee, se ha visto predispuesto a
distinguir, dividir, comparar, contrastar y analizar, todo ello, encaminado a
comprender y entender -en
la mayor extensión posible-
la realidad que le rodea.
Se ha afirmado que “al hombre
de poca cultura le basta con percibir una diferencia entre dos seres para
inmediatamente oponerlos; pero los más experimentados conocen el arte de
distinguir sin separar, siempre que no haya razones esenciales que justifiquen
la contraposición.”[2]
De esta forma, si partimos de la base
que toda existencia tiene un núcleo, lo cierto es que no todo lo existente es
núcleo, es decir, deben existir componentes de otra categoría.
Así, lo distinto o contrapuesto al núcleo
es la periferia, y la “distinción entre núcleo/periferia es tan
tradicional en los estudios gramaticales como la de Aristóteles entre sustancia
y accidentes…”[3]
Por tanto, analógicamente se puede afirmar que si hablamos de núcleo,
estamos haciendo referencia a lo sustancial, y si hablamos de periferia,
haremos referencia a lo accidental. Sin
duda, tal afirmación invita a la reflexión.
Es por lo anterior que, so pretexto de
la debatida reforma constitucional que -en materia electoral- fuera aprobada por el Poder
constituyente constituido del Estado mexicano, hemos querido adentrarnos a la
distinción entre lo nuclear/periférico, lo sustancial/accidental y lo
esencial/no esencial de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a efecto de determinar si, ante tal distinción, los contenidos
constitucionales deben o pueden ser tratados de la misma forma por aquél Poder.
La reforma constitucional mencionada,
no sólo invita a la reflexión en torno a las ideas que se han planteado, sino
que su análisis será el medio idóneo para abordar un tema de alto contenido
teórico que sin duda posee muy importantes consecuencias prácticas.
Comencemos
por recordar que el 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto
mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de regular el sistema electoral
mexicano, tomando en consideración las experiencias de la controvertida
elección federal de julio de 2006.
De esta forma, el
proceso electoral federal 2008–2009, que iniciara formalmente el 03 de octubre
de 2008[4]
sería una de las primeras ocasiones en donde se pondrían a prueba -derivado de su aplicación- las modificaciones constitucionales y legales
correspondientes. Por ello, resulta importante reflexionar en torno a los
alcances, efectos y repercusiones de la reforma constitucional de mérito,
teniendo presente que -quizá- dicha prueba habrá de acontecer integralmente en la
elección presidencial de 2012.
Esta reforma
constitucional tiene como finalidad -a dicho
de sus impulsores- actualizar al
sistema electoral mexicano de acuerdo con las nuevas realidades que lo pusieron
en una difícil prueba en las elecciones federales de 2006.
A efecto de que
determinemos con exactitud cuál es la litis generada en el caso concreto,
debemos señalar que los detractores de la reforma han venido esgrimiendo que
suprime por completo la libertad de expresión -concretamente en materia político-electoral- contenida en el artículo 6° constitucional al adicionar
al artículo 41 lo siguiente:
“Ninguna persona física o moral, sea a título propio o
por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor
o en contra de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular.”
Para muchas
empresas y organizaciones de la sociedad civil no es tan clara la finalidad que
persiguieron sus impulsores, ya que observan en la reforma constitucional de
mérito, una evidente violación a diversos derechos fundamentales reconocidos
por nuestra Carta Magna.
El propio Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) ha manifestado que “esta adición implica que únicamente los partidos políticos pueden
ejercer el derecho de libertad de expresión, dejando amordazados a ciudadanos
y/o asociaciones civiles incluso para llamar al ejercicio de un voto informado,
libre, razonado y secreto. La libre manifestación de las ideas es un elemento
fundamental para la formación de opinión pública y por ende, un componente
necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.”[5]
La postura
anterior -dicho sea de paso- resulta congruente con los que al respecto han señalado
algunos organismos internacionales. Para
nadie es desconocido que hoy en día, los operadores jurídicos no sólo debemos
atender a las normas positivas nacionales para resolver los conflictos
jurídicos que se nos plantean. Por el contrario, hoy más que nunca estamos ante
la concretización de un sistema jurídico flexible que permite la inclusión de
principios derivados de derecho, jurisprudencia y doctrina internacionales.
Así por ejemplo, si en el presente
caso nos encontramos ante una tensión entre el derecho a la libertad de
expresión y el derecho de los pueblos a su libre autodeterminación (en el cual
debe incluirse la libertad que tienen las naciones para definir las reglas
básicas para la celebración de las elecciones que permitirán integrar a los
órganos representativos y democráticos del Estado), un criterio al que podemos
atender para ir vislumbrando la litis en
la que encuentra sustento el presente trabajo, es el señalado por la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos en un caso en el cual se avocó al análisis del papel
que debe jugar la libertad de expresión en los procesos electorales.
Al respecto, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos señaló lo siguiente:
"90.
El Tribunal considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de
la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de
las autoridades estatales que gobernarán un Estado.[…]El debate democrático
implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de
los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de
comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee
expresar su opinión o brindar información. Es preciso que todos puedan
cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como
disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los
electores puedan formar su criterio para votar. En este sentido, el ejercicio
de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran
íntimamente ligados y se fortalecen entre sí.”[6]
Bajo esta tesitura, el problema de la
reforma electoral mexicana de 2007 se materializa en que prohíbe que los
particulares puedan ejercitar su derecho fundamental a la libertad de expresión
-mediante los medios de comunicación- durante los procesos electorales, lo
cual, a dicho de los órganos internacionales no es justificable debido a que el
ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión
se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí.
Es por ello que
veintidós días después de la publicación de la reforma aprobada por el Poder
revisor de la
Constitución , es decir, el 05 de diciembre de 2007, “el pleno del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) se amparó en contra de la reforma electoral por
considerar que ésta viola las garantías constitucionales de la libertad de
expresión en México y atenta contra los derechos internacionales de los
individuos de ejercer plenamente sus ideas y de tomar parte en la vida política
de un país.” [7]
Sin duda alguna
desde la promoción de este juicio de amparo, procedimiento de control
constitucional más recurrido dentro del sistema jurídico mexicano, y que por lo
tanto forma parte del derecho procesal constitucional de nuestro país[8],
no se hicieron esperar las voces de los legisladores que aprobaron dicha
reforma, calificando de absurdo e improcedente el juicio planteado por el CCE.
Así lo señalaba la prensa nacional del 07 de diciembre de 2007: “es
una vacilada, resumió el senador panista Santiago Creel, mientras el perredista
Carlos Navarrete comentó que seguramente el CCE fue asesorado por un pasante de
derecho que reprobó, porque todo mundo sabe que en materia electoral no hay
amparos contra disposiciones de la Constitución.”[9]
Lo cierto era -hasta esos momentos- que a
unos días de la presentación de la demanda de amparo formulada por el CCE, “el juez David Cortés dentro
del expediente 1566/2007 ordenó que se notificara de forma personal a los
quejosos la notoria improcedencia del recurso que (…) interpuso el CCE contra
las reformas publicadas el 13 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la
Federación.”[10]
En este sentido, el mismo 07 de
diciembre de 2007, el CCE señalaba que “este escenario era previsible si consideramos la tendencia
que existe por parte de los jueces federales de primera instancia, de
abstenerse de conocer formalmente demandas de esta complejidad, dejando que
sean instancias de mayor nivel las que se pronuncien al respecto, por lo que
presumimos terminará por resolverse en la SCJN.”[11]
Así pues,
sabíamos también que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -en su calidad de tribunal constitucional-[12] sería el
órgano que en última instancia resolvería estos puntos en concreto, ya que
algunos de sus integrantes
consideran que por ser un tema relevante para el país se debería analizar la
posición empresarial, la cual era apoyada por un grupo de intelectuales. Así,
el pleno de ese Alto Tribunal podría y debería pronunciarse al respecto.
De esta forma, la SCJN se pronunció en torno a
múltiples amparos promovidos en contra de la reforma constitucional
cuestionada. En algunos casos desechó tales recursos, en otros señalaría que
eran improcedentes, pero en otros resolvería devolver el asunto a los jueces de
distrito que conocieron de los amparos indirectos, a fin de que se revisara la
postura asumida por tales juzgadores, lo cual, sin duda alguna, dejaría abierta
la posibilidad de que esos juicios regresaran nuevamente al conocimiento del
máximo tribunal mexicano.[13]
Es por ello que hemos
considerado de suma importancia que podamos advertir -de acuerdo a un análisis de los conceptos básicos de la
teoría constitucional- que si en verdad
queremos consolidar un Estado constitucional y democrático de Derecho, debemos
comenzar por reconocer que en toda Constitución existe un núcleo intangible, el
cual debe ser defendido de todos los poderes constituidos, incluido el Poder
constituyente constituido. Con este análisis como premisa, podremos establecer
cuál es el estatus de la doctrina jurisprudencial[14]
que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante casos en los
que se han impugnado reformas a la Constitución, es decir, cuál ha sido la
relación entre el tribunal constitucional mexicano con el Poder revisor de la
Constitución.
II.
EL RULE
OF LAW Y EL SOMETIMIENTO DEL
PODER
CONSTITUYENTE CONSTITUIDO
AL IMPERIO
DEL DERECHO
“...para la debida defensa de la libertad no basta con el
concepto racional normativo puramente formalista propio del mundo liberal burgués,
sino que será necesario operar con un concepto material de Constitución en el
que determinados ámbitos del texto constitucional resulten inmodificables…”[15]
Pedro de Vega
García
Si lo que
pretendemos es determinar la conveniencia o no de que el Poder revisor de la Constitución , y por
lo tanto, las reformas a la
Ley Fundamental puedan ser objeto de control constitucional formal
o material[16], nos parece que un tema
que no puede dejar de abordarse para conseguir el objetivo que nos hemos
trazado, es el relativo a qué se ha venido entendiendo por Estado de Derecho y
su diferencia con la idea original inglesa de Rule of law.
Lo anterior
resulta importante ya que no podemos perder de vista que toda garantía
constitucional, es decir, cualquier medio de control constitucional encuentra
su justificación, eficacia y proyección en el contenido y alcance que le demos
al concepto de Rule of law.
El Rule
of law debe ser entendido -de acuerdo a los planteamientos del
Dr. Antonio Carlos Pereira Menaut- como Imperio del Derecho, que no es otra cosa sino un procedimiento
invento del constitucionalismo, a través del cual el Derecho debe frenar al
poder.
Así pues, esta idea constitucional
surge para impedir que el príncipe siga configurándose en legibus solutus[17] y iure solutus[18],
es decir, que el monarca sea el único legislador y creador del Derecho para
evitar con ello la arbitrariedad y generar el comienzo de un largo trayecto en
la historia de la humanidad por limitar y estructurar el poder mediante la
protección de los derechos fundamentales y una adecuada división de poderes. No
por nada, “…un Estado puede llamarse constitucional, o provisto de
Constitución, [señala Guastini] si,
y solo si, satisface dos condiciones (disyuntivamente necesarias y
conjuntivalmente suficientes): 1) por un lado, que estén garantizados los
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado, y 2) por otro, que
los poderes del Estado estén divididos y separados…”[19]
De ahí que el afirmar que el Poder
revisor de la
Constitución , aún y cuando debe ser considerado un poder
constituido, no pueda ser sujeto de control constitucional -ni formal ni material- pareciera acercarnos a aquellas
épocas de los Estados medievales en los que los monarcas dictaban el Derecho
con cada palabra que pronunciaran, fueran estas razonables o no, justas o injustas,
coherentes o incoherentes. Simplemente eran Derecho porque provenían del
monarca, es decir, del leviatán hobbesiano.[20]
Por lo hasta ahora mencionado,
pareciera ser que las garantías constitucionales o medios de control de la
constitucionalidad en relación con el Rule of law configuran una simbiosis
constitucional[21]
de suma importancia, ya que aquellas surgen para tutelar los derechos
fundamentales que fueron el principal objetivo de los grandes movimientos
revolucionarios (la revolución gloriosa en Inglaterra, la independencia en
Norteamérica y la revolución en Francia) que lucharon en contra de una
soberanía y potestad legislativa ilimitada. Es decir, sin tales garantías o
medios de control sería imposible concretar el sometimiento del poder al Derecho,
razón por la cual, como ya hemos afirmado, hoy en día sería ilusorio pensar en
el establecimiento de un Estado constitucional de Derecho sin la existencia de
medios de control de la constitucionalidad.
Aunado a ello, si analizamos cuáles son las características del Imperio
del Derecho, nos daremos cuenta que para su actualización, es
requisito indispensable que exista alguna entidad jurídica de la cual los
poderes constituidos y el propio Estado, carezcan de jurisdicción, es decir,
una entidad jurídica superior, anterior y exterior al propio Estado.[22]
No por nada, para el maestro Pereira
Menaut, el Imperio del Derecho[23]
debe poseer las siguientes características:
·
Sumisión
de todos los poderes -incluidos
las constituciones y los tribunales supremos o constitucionales- a los principios generales del
derecho natural, a la igualdad, a la dignidad y -en suma- a los derechos humanos.
·
Sumisión
de todos los poderes públicos a la Constitución.
·
Sumisión
del Ejecutivo a las leyes y a las sentencias judiciales.
Es por lo anterior, que la idea de
considerar que pueda existir un poder constituido que se encuentre exento de
cualquier tipo de control, es un pensamiento que contradice la esencia del
constitucionalismo. Si no se reconoce que todo texto constitucional posee un
núcleo intangible, expreso o no, implícitamente se está aceptando que es
imposible limitar al poder a través del Derecho.
Pese a que lo anterior hoy resulta irrefutable, lo cierto es que la
visión del iuspositivismo formalista que
se arraigó durante el desarrollo del Estado liberal o legislativo de Derecho
tuvo un impacto importante en relación con el Poder constituyente constituido,
al punto de que hoy se duda si dicho poder debe o no quedar sometido al Rule
of law.
El impacto que
tuvo el Estado liberal o legislativo de Derecho en la función del Poder revisor
de la Constitución
genera hoy en día la percepción de que tal poder debe quedar superpuesto al Imperio del Derecho, o si se prefiere,
éste debe quedar sometido a aquél. Sin embargo, no podemos olvidar que a
principios del s. XIX el filósofo, escritor y politólogo francés Benjamín
Constant, ya afirmaba lo siguiente: “…He aquí una verdad importante y un
principio eterno que es necesario establecer: ningún poder de la tierra es
ilimitado, ni el del pueblo, ni el de los hombres que se dicen sus
representantes, ni el de los reyes, sea cual sea el título por el que reinen…”[24]
No por nada, Pedro de Vega advierte, y
lo hace con razón, que “...la reforma constitucional tiene que verse sometida al
reconocimiento de ciertos límites, que en ningún caso se podrán sobrepasar,
pues si eso sucediera estaríamos en presencia no de operaciones de reforma (…)
sino ante otros fenómenos como falseamiento de la Constitución , fraude
de la Constitución ,
o sencillamente actos revolucionarios encubiertos…”[25]
No obstante, el Estado Liberal o
Legislativo de Derecho experimentó una grave crisis que consistió en que el
Derecho se equiparó a las normas aprobadas por los órganos del Estado,
reduciendo así, el Imperio del Derecho
o Rule of law a sólo un conjunto de
autolimitaciones que el Estado se imponía a sí mismo, al punto de que se llega
a afirmar que “el Estado de Derecho moderno nace con la forma del Estado
legislativo de Derecho, en el momento en que esta instancia alcanza realización
histórica, precisamente, con la afirmación del principio de legalidad como
criterio exclusivo de identificación del Derecho válido y antes aún existente,
con independencia de su valoración como justo. Gracias a este principio y a las
codificaciones que son su actuación, una norma jurídica es válida no por ser
justa, sino exclusivamente por haber sido <<puesta>> por la
autoridad dotada de competencia normativa”[26],
con lo cual, queda claro que en esta primera fase no habrá más Derecho que el
producido por el propio Estado.[27]
El esquema anterior genera una
interrogante que no hace advertir un grave problema: ¿cómo conseguir que el
contenido limite al continente?, o en otras palabras, ¿cómo limitar al Estado y
al poder por medio del Derecho cuando se da por sentado que no hay más Derecho
que el emanado del mismo aparato estatal?
Por ello es que hemos afirmado que
esta primera versión del Estado de Derecho se alejó del concepto tradicional de
Rule of law, debido a que el Imperio del Derecho sólo será posible
mientras haya una parte del Derecho a la que se le reconozca como una entidad
jurídica anterior, superior y exterior al propio Estado.
Tal entidad jurídica anterior,
superior y exterior al propio Estado sería -de acuerdo con nuestro análisis- el reconocimiento de la existencia
del núcleo intangible de la Constitución.
Rule of law o Imperio del Derecho
Ahora bien, retomando nuevamente
nuestro análisis central, pensemos hipotéticamente que el Poder revisor de la
Constitución decidiera aprobar una reforma que permitiera la esclavitud en el
Estado mexicano. Al aceptar que no existe control alguno en contra de tal
reforma, se estaría generando así un ejercicio de poder no limitado por el
Derecho, o peor aún, la limitación que el Derecho debe significar para el poder
se convertiría de inmediato en un conjunto de autolimitaciones, ya que
implícitamente se estaría aceptando que no hay más Derecho que el proveniente
del propio Poder constituyente permanente, y con ello, dicho poder llegaría a
limitarse -en el
mejor de los casos-
sólo cuando así conviniera a sus intereses, o bien, simplemente no se
limitaría.[28]
Por ello, para hablar de una vivencia
efectiva del Rule of law, o bien, de
la existencia de un Estado constitucional y democrático de Derecho, debemos
decir que es requisito sine qua non la
coexistencia de un eficiente sistema de control de constitucionalidad ejercitado
por órganos imparciales e idóneos, ya que éste configura la primera garantía
para la tutela de los derechos constitucionales, y con ello, el primer límite
al poder.[29] De esta
forma, podemos afirmar categóricamente que, hablar de Estado constitucional sin
esquemas de control de la constitucionalidad es un contrasentido.
Sólo será reconociendo la existencia
de entidades jurídicas anteriores, superiores o exteriores al propio Estado,
así como estableciendo sistemas de control de la constitucionalidad que tutelen
dichas entidades, las vías para concretar el Rule of law, y de esta manera consolidar al Estado constitucional y
democrático de Derecho.
Así por ejemplo, continuando con el
análisis del caso hipotético, la única vía para frenar una pretensión del Poder
de reforma constitucional en ese sentido, sería atendiendo a una entidad
jurídica exterior, anterior y/o superior al propio Estado, es decir, una
entidad que no dependa del Poder revisor de la Constitución , y que
incluso, sea anterior a él mismo. Nos referimos aquí al valor fundamental de la
libertad, el cual, al ser una realidad pre-jurídica que sirve de fundamento a
un sinnúmero de derechos, se configura en una entidad jurídica exterior y
anterior al Estado, razón por la cual, el Estado (incluido el Poder
constituyente permanente), no puede sino reconocer y tutelar.
Ahora bien, si para algunos el
argumento anterior encontrare explicación sólo en el “incómodo” iusnaturalismo aristotélico-tomista, podríamos quizá
referirnos al artículo 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el cual establece que “…nadie
estará constreñido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán
prohibidas en todas sus formas…”
Así, apegándonos estrictamente a un
contenido jurídico-positivo que no depende de la potestas normando del Estado, y sobre todo, que por provenir del
derecho internacional de los derechos humanos se configura en una entidad
jurídica exterior y superior al propio Estado, colocándose incluso en una
relación de superioridad respecto de cualquier Constitución nacional, se
estaría concretando el Rule of law.
De esta forma, sea cual fuere el
argumento utilizado, lo cierto es que el Estado sólo se verá eficazmente
limitado si comenzamos por reconocer la existencia de entidades jurídicas que
cumplan con las características antes mencionadas.
Es por ello que realizaremos un
análisis de la doctrina jurisprudencial.
III. LA SUPREMA CORTE MEXICANA Y
EL NÚCLEO
INTAGIBLE DE LA CONSTITUCIÓN
“...la modificación de algunos elementos nucleares de una
Ley Fundamental supondría la aprobación de una nueva constitución…”[30]
José
Julio Fernández Rodríguez
Una vez que ya
hemos vislumbrado los conceptos básicos de la teoría constitucional que
resultan aplicables al presente análisis, procederemos a verificar cuál es el
estatus que guarda la doctrina jurisprudencial que ha venido desarrollando la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en tratándose de controlar las
reformas al la Ley Fundamental.
a)
El precedente “Camacho” (Amparo en
revisión 1334/98)
En 1999 la SCJN resolvería el famoso
caso planteado por Manuel Camacho Solís, resolución la cual, sentaría las bases
de una doctrina jurisprudencial que afirmaba que el Poder constituyente
constituido no era un poder ilimitado o exento de control, al señalar en la
parte conducente del criterio que “el
contenido del dispositivo constitucional [aprobado por el poder reformador
de la Constitución ]
resulta inimpugnable a través de la demanda de garantías, siendo sólo
atacable el proceso de reforma correspondiente [toda vez que son] los actos que integran el procedimiento
legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en tela de juicio, por
lo que pueden ser considerados como autoridades responsables quienes
intervienen en dicho proceso, por emanar éste de un órgano constituido,
debiendo ajustar su actuar a las formas o esencias consagradas en los
ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante
el juicio de amparo, por violación al principio de legalidad…”[31]
Cabe señalar que
con el criterio anterior, la SCJN aceptaba que las reformas constitucionales deberían
ser revisadas al menos formalmente, lo que representaba una cierta apertura del
máximo tribunal mexicano a considerar la necesidad de que el Poder
constituyente permanente estuviera controlado, bajo el argumento de que al ser
un órgano constituido, no podía ser considerado un poder ilimitado.
b)
El precedente “San Pedro Quiatoní”
(Controversia constitucional 82/2001)
Sin embargo, tres
años después de la resolución del caso Camacho,
la SCJN al
resolver -en septiembre de
2002- una controversia
constitucional interpuesta por el municipio oaxaqueño de San Pedro Quiatoní en
contra de la reforma que -en
materia indígena- aprobara el
Poder revisor de la
Constitución modificando el artículo 2° de nuestra Carta
Magna, dio un paso atrás a lo señalado en 1999, enfatizando que “el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es
susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto
es, la función que realizan el Congreso de la Unión , al acordar las modificaciones, las
Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente
al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la
declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen
en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el
extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución ,
realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no
equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo
de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control
externo, porque en la conformación
compleja del órgano y en la
atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía.”[32]
c)
El precedente “Comunidad Indígena de
Zirahuén, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán” (Amparo en revisión
123/2002)
Coherente con lo
anterior, y configurando una doctrina jurisprudencial consistente en afirmar
que el Poder constituyente constituido no posee límite alguno, en noviembre de
2002, la Segunda Sala
de la SCJN , al
resolver un amparo promovido por una comunidad indígena en contra de la reforma
ya mencionada al artículo 2° de nuestra Carta Magna, señaló nuevamente que “el Constituyente estableció la posibilidad
de adicionar o reformar la propia Ley Fundamental a través de las instituciones
representativas de la voluntad de la Nación Mexicana , sin dar intervención directa al
pueblo, esto es, no se prevé medio de defensa alguno para impugnar el contenido
de una modificación constitucional, ya que ello atentaría contra el sistema
establecido”[33]
con lo que se confirma que es improcedente el juicio de amparo o cualquier otro
tipo de medio de control constitucional en contra del contenido de las reformas
constitucionales o de su procedimiento de aprobación, razón por la cual las
enmiendas a la Ley
Fundamental quedarán exentas de cualquier tipo de control,
sea material o formal.
d)
El precedente “Nueva Alianza y
Convergencia” (Acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007)
Incluso, y en adición a lo anterior,
en el mes de abril de 2008, el pleno de la SCJN admitió a trámite -vía recursos de reclamación- dos acciones de inconstitucionalidad
que fueron promovidas por dos partidos políticos minoritarios dentro del
Congreso de la Unión
(Partido Nueva Alianza y Partido Convergencia), que en un principio habían sido
desechadas.
Estas dos acciones de
inconstitucionalidad versaron precisamente sobre el procedimiento de reformas -que en materia electoral- aprobara el Constituyente permanente
en noviembre de 2007, abordando tangencialmente el tema central del presente
estudio.
En tales procesos constitucionales se
llegó a discutir el tema de si es aceptable o no someter a control las reformas
constitucionales. Incluso, el ministro
Genaro D. Góngora Pimentel sugirió, en una de sus intervenciones, que la
votación final del asunto versara sobre lo siguiente: “Primero.-
¿es posible controlar las reformas constitucionales? Segundo.- ¿este control
abarca violaciones formales y materiales? Tercero.- la acción de
inconstitucionalidad ¿es la vía adecuada?”[34]
Pese a lo anterior, decimos que en estas
acciones de inconstitucionalidad se abordó el tema central del presente estudio
de manera tangencial, debido a que lo que se votó -en última instancia- no fueron los temas sugeridos por el
ministro Góngora, sino que se decidió sólo respecto de la procedencia,
improcedencia o sobreseimiento de tales acciones de inconstitucionalidad.
Así fue como el pleno de la SCJN resolvió
-con una mayoría de siete votos contra
cuatro- que las
acciones de inconstitucionalidad deberían ser sobreseídas, ya que “…de la
interpretación integral del artículo 105, fracción II, constitucional, así como
de una interpretación teleológica, se advierte que la acción de
inconstitucionalidad es un medio de control de las leyes, de las leyes en
sentido estricto, esto es, de aquellas expedidas por el Legislador Ordinario
Federal, Estatal, o del Distrito Federal, y de tratados internacionales, mas no
de cualquier otro conjunto normativo (…) por lo que no puede sostenerse que la
acción de inconstitucionalidad permita impugnar reformas constitucionales, pues
por un lado no se aprueban por el Legislador Ordinario, tampoco puede
considerarse a la Constitución Federal como una ley federal, estatal o del
Distrito Federal; y por último, es relevante considerar que quienes promueven
las presentes acciones, son partidos políticos nacionales los que tienen
delimitada su legitimación en cuanto al ámbito de aplicación y ámbito material
de las normas generales impugnadas, es decir, sólo pueden impugnar leyes
electorales federales, locales, y dependiendo además de su registro, ya sea
como partido nacional o local. Por consiguiente, al no ser la acción de
inconstitucionalidad el medio para impugnar reformas y adiciones a la Constitución Federal ,
esta Suprema Corte no puede conocer del asunto…”[35]
Sin embargo, lo interesante del debate
que se suscitó en el pleno de nuestro máximo tribunal, en aquella sesión del 26
de junio de 2008, es que algunos de los ministros comenzaron a dar razones para
abandonar la doctrina jurisprudencial -hasta ese entonces imperante- de que las reformas constitucionales
no pueden ser objeto de control constitucional.
Así por ejemplo, el ministro Sergio
Salvador Aguirre Angiano sostenía “…que sí somos
cancerberos para impedir, que por el arco de la Constitución, entren remedos de
normas constitucionales que se aparten de su validez contenida y preceptuada en
el artículo 135 constitucional. Esas falsas normas constitucionales debemos de
atajarlas, porque no son Constitución.”[36] Con
ello, el ministro Aguirre -aún y
cuando no compartía la idea de realizar un control material de las enmiendas a
la Constitución-, dejaba en claro
que es misión de un tribunal constitucional el verificar que dichas reformas
hayan sido aprobadas conforme al procedimiento establecido en la misma.
Por su parte, el
ministro José Ramón Cossío Díaz manifestaba que “…a diferencia de lo que
plantea el proyecto, creo yo que existen sólidos argumentos jurídicos para
entender en una interpretación sistemática no literal, de la expresión
"leyes", que sí estamos en la posibilidad de entrar a conocer de la
regularidad de las reformas constitucionales por vía de acción de
inconstitucionalidad.”[37] En este punto, el
ministro Cossío lo que manifiesta es que el concepto de norma general utilizado por el artículo 105, fracción 2 de nuestra
Carta Magna, debe interpretarse en un sentido amplio, concepto dentro del cual,
caben perfectamente las reformas a la Ley Fundamental.
De igual manera,
el ministro Genaro D. Góngora Pimentel, haciendo referencia al proyecto de
sentencia que presentó en este caso el ministro Sergio Armando Valls Hernández,
coincidía “…con las consideraciones en torno al control formal de las
reformas constitucionales que nos explica Don Sergio Valls, pues como ya lo he
sostenido en otras ocasiones, las reformas constitucionales se llevan a cabo
mediante un procedimiento complejo, con reglas claras en cuyo desarrollo pueden
presentarse vicios, como en cualquier otro; así, para considerar que nuestra
República es auténticamente representativa y democrática como lo establece el
artículo 40 constitucional, resulta necesario que exista certeza de que las
modificaciones a la Norma
constitucional son realizadas conforme a lo previsto por la propia Constitución
y para ello el control jurisdiccional del órgano reformador resulta
indispensable…”[38]Al
respecto, nos parece que el argumento utilizado por el ministro Góngora resulta
muy interesante, ya que nos permite advertir que si se acepta apriorísticamente que el
procedimiento de reforma constitucional encuentra en si mismo su control, esto
daría pie a generar un dogma constitucional peligroso.
Tan peligrosa sería esta forma de
pensar que el mismo ministro Góngora continuaba diciendo que resulta adecuada “…la
propuesta del proyecto, de apartarnos del criterio de que la reforma
constitucional encuentra su control en sí misma (…) Afirmar que la verificación
de esta regla es en sí misma el control, torna al Congreso -como lo ha dicho en algunas ocasiones Don Sergio Valls- o a su Comisión
Permanente, en un órgano autoreferente, ¿qué pasaría si con la aprobación de un
número de Legislaturas insuficiente esta Comisión Permanente declarara hecho el
cómputo, ella misma es la que se va a controlar y revocar su declaración? (…)
La composición compleja del órgano [léase Poder constituyente
constituido] es un requisito básico para reformar la Constitución , pero
esta situación no le dota de un halo de infalibilidad.”[39]
Más aún, lo que
resulta ciertamente interesante para el análisis que nos hemos planteado como
objetivo del presente estudio, son las consideraciones que el propio Góngora
realizara en torno a la posibilidad de efectuar un control material de las
reformas constitucionales, al decir que “…también el contenido material de
las reformas a la Constitución puede ser materia de control por parte de este
Alto Tribunal; el proyecto se basa, en el argumento de que nuestra Constitución
no prevé límites expresos o cláusulas de intangibilidad que otorguen una
protección especial a ciertas materias frente a la actuación del órgano
reformador; sin embargo, la Constitución no se reforma a sí misma, lo hace el
Congreso de la Unión y las Legislaturas locales como órganos constituidos que
están sometidos; me parece que hay límites que la Constitución no establece
expresamente, pero que se deducen claramente como exigencias de la propia
Constitución, que imponen límites inmanentes o implícitos a la actuación del
órgano reformador.”[40]
A nuestro parecer, el punto de vista
sostenido por el ministro Góngora encuentra su justificación en conceptos
propios de la teoría constitucional, los cuales permiten concebir a la
Constitución no sólo como un documento jurídico, sino entender que posee una
esencia binara, configurándose no sólo en texto jurídico, sino también en un
documento político. Esta doble esencia, que dicho sea de paso, es una de las
diferencias fundamentales entre Constitución y ley, permite afirmar que en la
primera existen contenidos que reflejan aquellas decisiones políticas fundamentales
de las que hablaba Schmitt, o bien, decisiones axiológicas fundamentales que el
pueblo pretende concretar en determinado tiempo y lugar. De ahí que en la
interpretación constitucional no sólo deba atenderse a elementos explícitos de
su texto, sino también a elementos implícitos.
Asimismo, señala el citado ministro
que no puede escapar al análisis de la SCJN las limitantes internacionales que
en forma de obligaciones ha venido asumiendo el Estado mexicano al ratificar
diversos tratados internacionales, entre ellos, la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos, según la cual –por ejemplo- se dispone que aquellos
Estados que han eliminado la pena de muerte, no pueden en ningún momento y bajo
ninguna circunstancia volver a establecerla, configurándose así un límite
explícito para el Poder revisor de la Constitución.
Por ello, señala Góngora que: “…a pesar
de que la Constitución no lo diga (…) se deducen con claridad límites
materiales a las reformas constitucionales.”[41]
El argumento anterior nos permite
reflexionar sobre un tema poco analizado en el campo de la interpretación
constitucional. Nos referimos a los “silencios
constitucionales”, es decir, a aquellas omisiones en las que incurre el
Poder constituyente -quizá
premeditadamente-
y que nos obligan a preguntarnos cuando estamos frente a ellas, si lo correcto
será deducir potestades ilimitadas para los órganos constituidos, o si bien,
deben ser -tales
silencios constitucionales-
interpretados a la luz del constitucionalismo y sus fines.
En gran medida, el debate mexicano en
torno a los límites del Poder constituyente constituido se centra en responder
esta interrogante. Así, frente a los silencios constitucionales que en este
tema en concreto posee la Constitución mexicana, es decir, la falta de límites expresos o cláusulas de intangibilidad que
otorguen una protección especial a ciertos contenidos frente a la actuación del
órgano reformador, puede concluirse que tales silencios otorgan un poder
ilimitado al Órgano de reforma constitucional, y que por lo tanto, puede
modificar del texto constitucional lo que le venga en gana. Sin embargo,
consideramos que tal conclusión no es del todo acertada.
No por nada, el Tribunal
Constitucional Peruano ya ha mencionado que “…los silencios constitucionales no pueden ser
interpretados como tácitas concesiones al legislador, a efectos de que expida
regulaciones desvinculadas de la Norma Fundamental. Allí donde las “normas
regla” previstas en la Constitución omiten precisiones (vgr. procedimiento de reforma
constitucional), la ley o, en su caso, el
Reglamento parlamentario están obligados a estipularlas, pero siempre en
vinculación directa a las “normas principio” (vgr. los principios del constitucionalismo) contenidas en la propia Norma Fundamental.”[42]
En una misma
línea argumentativa, la Corte Constitucional italiana ha llegado a admitir que los
límites del Poder revisor existen a pesar de que el Poder constituyente no los
establezca. Así, en la sentencia 1146/1988 señaló que “la Constitución italiana
contiene algunos principios supremos que no pueden ser subvertidos o
modificados en su contenido esencial ni siquiera por leyes de reforma
constitucional o por otras leyes constitucionales. Tales son los principios que
la misma Constitución explícitamente prevé como límites absolutos al poder de
reforma constitucional, como la forma republicana, como los principios que, a
pesar de no estar mencionados expresamente (…) pertenecen a la esencia de los
valores supremos sobre los que se funda la Constitución
italiana. [Así las cosas,] los principios supremos del ordenamiento
tienen una valencia superior respecto a las otras normas o leyes de rango
constitucional (…) por tanto, negar que esta Corte es competente para juzgar la
conformidad de las leyes de reforma constitucional y de las otras leyes
constitucionales (…) en relación a los principios supremos, [nos llevaría] al
absurdo de considerar el sistema de garantías jurisdiccionales de la Constitución como
defectuoso o no efectivo en relación a sus normas de más elevado valor.”[43]
De igual manera,
el Tribunal Constitucional del Perú, manifestó en los
fundamentos 33 y 34 de la Sentencia del Expediente Nº 0050-2004-AI/TC,
que “los límites explícitos
no se agotan en las cláusulas de intangibilidad, sino que a lo largo del texto
constitucional pueden estar consignados incluso en frases que se encuentran en
un contexto diferente. [Son
los denominados] límites materiales
implícitos, [que] son aquellos
principios supremos de la Constitución contenidos en la fórmula política del
Estado y que no pueden ser modificados, aun cuando la Constitución no diga nada
sobre la posibilidad o no de su reforma, ya que una modificación que los
alcance sencillamente implicaría la ‘destrucción’ de la Constitución. Tales son
los casos de los principios referidos a la dignidad del hombre, soberanía del
pueblo, Estado democrático de derecho, forma republicana de gobierno y, en
general, régimen político y forma de Estado.”[44]
Por lo anterior,
absurdo sería pensar que ante este tipo de silencios constitucionales deban
deducirse potestades ilimitadas para los órganos constituidos (como lo es el
Poder constituyente constituido) que, incluso, puedan convertirse en potestades
contrarias al constitucionalismo mismo.
Los argumentos anteriores, así como su contenido, reflejan la forma de
proceder de lo que -en otros trabajos- ya he denominado con el nombre de intérpretes
artífices, que son aquellos aplicadores jurídicos que al considerar a la
Constitución como un documento vivo y dinámico, buscan respuestas nuevas que no
necesariamente están explícitas en el texto de la Ley Fundamental, pero que sin
duda, posibilitan la aplicación coherente de la misma.[45]
e)
El amparo “Centro Empresarial de
Jalisco, Sindicato Patronal” (Amparo en revisión 186/2008)
Como ya hemos
mencionado, en la resolución del anterior precedente, se comenzaba a vislumbrar
-al menos en la
minoría disidente- una evolución de
la doctrina jurisprudencial que hasta ese entonces señalaba que el Poder
revisor de la Constitución no poseía límite alguno, o más bien, que el límite
lo encontraba en sí mismo.
Así, a un año de
distancia de la resolución de la acción
de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007, es decir, el 29 de
septiembre de 2008, en uno de los múltiples amparos promovidos por las
organizaciones patronales en contra de la debatida reforma constitucional en
materia electoral de 2007 (amparo en revisión 186/2008), y sobre el cual había
recaído un acuerdo desechando el amparo por notoria improcedencia, la SCJN en
ejercicio de la facultad de atracción que le confiere nuestra Constitución,
resolvía que tales proveídos no eran jurídicamente aceptables, debido a que el
hecho de que un amparo fuera promovido en contra de reformas constitucionales
no implicaba una notoria improcedencia.[46]
Al respecto,
consideramos oportuno rescatar algunas de las consideraciones vertidas por el
ministro José Ramón Cossío Díaz (ministro ponente en el caso de referencia)
según las cuales, seis de los diez ministros presentes votaron a favor de su
proyecto.[47]
El ministro
Cossío señaló en una de sus primeras intervenciones las siguientes ideas:
- “…en el proyecto, se hizo un análisis acerca de si el Órgano
Constituyente Permanente (…) tenía las calidades suficientes para ser un
órgano o una autoridad responsable en el juicio de amparo, por eso esa
parte del análisis de las características del órgano previsto en el
artículo 135 constitucional es extensa, puesto que en algunos precedentes,
tanto de amparo como en controversia constitucional y de acción, algunos
de los señores ministros han hecho consideraciones en cuanto a lo que
podríamos denominar la naturaleza jurídica de ese órgano.”
- “Sin embargo, y con independencia de esto, me parece que el único tema
a resolver en el momento procesal que nos ocupa es si el desechamiento de
plano determinado por el juez de Distrito, primero, del Estado de Jalisco,
y por los otros jueces de Distrito, de la larga lista de asuntos que
tenemos en la misma materia, es manifiesto e indudable, o no lo es…”
- “… me parece que la cuestión ni siquiera es un tema de procedencia, en
términos de los artículos 73 y 74 de
- “Por esas razones señor presidente, yo considero que existiendo
distintos precedentes de esta Suprema Corte en la materia, los cuales
podremos referirnos sin duda en el transcurso de la discusión del asunto,
no se surte esta causal de desechamiento por un motivo manifiesto e
indudable, se debe admitir el juicio y el juez de Distrito estará en su
libertad de analizar las condiciones de la procedencia o improcedencia con
fundamento en otras causales o en su caso, dictar una sentencia de fondo,
analizar las condiciones de los efectos, en fin, todos ellos temas
complejos, pero no desecharlo de plano como lo hizo en el caso concreto que
nos ocupa…”[48]
En suma, e
independientemente del tema de fondo que implicaba la revisión del amparo en
comento, lo que el ministro Cossío refería es que no se actualizaba el supuesto
determinado por el artículo 145 de la
Ley de Amparo, debido al cúmulo de precedentes que al
respecto ha establecido la SCJN ,
por lo que debía reponerse el proceso a efecto de que el juez de distrito
correspondiente pudiera entrar al estudio del asunto. Como ya lo hemos
señalado, esta fue la decisión de la mayoría.
Ahora bien, consideramos
fundamental para cumplir a cabalidad el objetivo que nos hemos trazado al
desarrollar el presente apartado, rescatar algunos de los planteamientos
realizados por los otros ministros en torno a nuestra cuestión: ¿es el Poder
revisor de la Constitución un poder que puede ser sujeto a control
jurisdiccional?
Al respecto, el
ministro Góngora siendo coherente con la postura que venía sosteniendo
señalaría que: “…toda Constitución contiene un núcleo que define su
identidad así como la continuidad del Estado, por lo que necesariamente es
inmodificable, esta inmodificabilidad se configura como un componente básico de
la defensa de la Constitución y constituye el fundamento de la imposibilidad de
suprimir el orden constitucional en su totalidad, o en las partes nucleares, y
sustituirlo por otro distinto, mediante un procedimiento de reforma.”[49]
Después, el ministro Góngora no
repararía en señalar cuáles era esas partes nucleares a las que debe quedar
sometido y limitado el Poder constituyente constituido, siendo éstas las
siguientes: “…las cuestiones que establecen en torno a la soberanía
popular, los derechos fundamentales, en cuanto se configuran como las normas de
reconocimiento del ordenamiento jurídico, cuya premisa es la dignidad humana,
la cláusula democrática, en cuanto legitima el orden constitucional, la
división de poderes, en cuanto implica una limitación del Poder...”[50]
Conceptos -los anteriores- que se
configuran en fundamentales dentro de la teoría constitucional, al punto de que
sólo habría que recordar lo que los revolucionarios franceses señalaron en el
artículo 16° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789: “Toda sociedad
en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la
separación de los poderes, carece de Constitución.”
f)
El amparo “Asociación
de Industriales y Empresarios de Morelos”. Un primer límite al Poder
constituyente constituido (Amparo 1753/2007).
Como ya lo
mencionábamos, en la resolución emitida por la SCJN en el amparo en revisión 186/2008 se concluyó que las demandas de
amparo promovidas en contra de la cuestionada reforma constitucional de
noviembre de 2007, no actualizaban el supuesto determinado por el
artículo 145 de la Ley
de Amparo, debido a que no existía en ellas un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Esta resolución generó todo tipo de reacciones en el foro jurídico,
pero sobre todo en el ámbito del Poder Judicial Federal, toda vez que la
resolución de la SCJN contiene un mensaje muy claro para los integrantes de
dicho Poder: “…se debe admitir el juicio y el juez de Distrito estará en su
libertad de analizar las condiciones de la procedencia o improcedencia con
fundamento en otras causales o en su caso, dictar una sentencia de fondo,
analizar las condiciones de los efectos, en fin, todos ellos temas complejos,
pero no desecharlo de plano…”[51]
Pues en uso de esa autonomía jurisdiccional reconocida por la SCJN a
los juzgadores de amparo, fue que la Lic. Florida López Hernández, Juez Séptimo de
Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región , con sede en San Andrés Cholula,
Puebla, con fecha 08 de mayo de 2009 resolvió el recurso de amparo 1753/2007
promovido por el representante legal de la “Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos”, Sindicato
Patronal (ADIEM-COPARMEX), en contra del Decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122,
adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de
noviembre de 2007.
Sin temor a
equivocarnos, debemos afirmar que esta resolución será un referente en la
historia de la justicia constitucional mexicana, toda vez será recordada como
la primera sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de justicia
federal en contra de una enmienda a la Carta Magna, es decir, en contra de un
acto del Poder reformador de la Constitución.
En el
segundo de los puntos resolutivos de la sentencia de mérito se puede leer lo
siguiente:
“SEGUNDO.-
La Justicia
de la Unión
ampara y protege a “ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIALES Y EMPRESARIOS DE MORELOS”, SINDICATO PATRONAL, ADIEM-COPARMEX a
través de MANUEL JUAN RODRÍGUEZ LOMELÍ en
su carácter de presidente, contra del Congreso de la Unión , del Presidente de la República , del
Secretario de Gobernación y del Director
del Diario Oficial de la
Federación , respecto
del decreto de reforma del artículo 41 apartado “A” penúltimo párrafo,
constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de
noviembre de dos mil siete, en términos y para los efectos precisados en el
último considerando de este fallo.”
Ahora bien, es importante mencionar que la inconstitucionalidad del
mencionado precepto de nuestra Ley Fundamental fue derivada de un control de
tipo formal, es decir, que aún y cuando en el análisis de la Lic. López Hernández se abordaron muchos de los argumentos mencionados en el
precedente analizado en el apartado anterior, lo cierto es que centró su
estudio en el proceso legislativo que siguió la reforma constitucional
impugnada, concluyendo que “…al no
llevarse conforme a lo previsto en el artículo 135 constitucional, el proceso
legislativo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de
noviembre de dos mil siete, del artículo 41 apartado “A”, penúltimo párrafo
constitucional, procede el amparo y la protección de la justicia federal para
el efecto de que al quejoso no se le aplique en el presente y para el futuro el
artículo reclamado todo ello para restituirlo en la garantía individual
violada, conforme al artículo 180 de la
Ley de Amparo.”[52]
La razón
fundamental que esgrimió la juez de distrito para deducir un vicio en el
proceso legislativo de la reforma constitucional fue que “…no obra
en la publicación del Diario Oficial de la Federación publicado el trece de
noviembre de dos mil siete, en términos de lo previsto en el artículo 135
constitucional, el nombre de las Legislaturas de los Estados que aprobaron
tales reformas [por lo que] al
no cumplir los actos reclamados con esos requisitos de fondo y esencia,
vulneran las garantías individuales de audiencia, de seguridad jurídica y de
legalidad que los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema otorgan a los
destinatarios de esos mismos actos reclamados (…) desde el momento mismo en el
que los actos dejan en completo estado de indefensión y en la incertidumbre
jurídica para conocer si efectivamente esas enmiendas constitucionales deben
acatarse por formar parte de la propia Ley Suprema, o si por el contrario,
carecen de validez legal al no haberse hecho el cómputo y la declaratoria de la
aprobación mayoritaria por parte de las legislaturas de los Estados de la
República. A lo que debe agregarse, la violación de la garantía de legalidad,
en virtud de que en los actos reclamados no consta que se hayan cumplido los
mencionados requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 135 constitucional.”[53]
Del análisis de este precedente podemos arribar a las siguientes
conclusiones:
1) Que aún y cuando no se haya realizado un control
material de las reformas constitucionales, con el sólo ejercicio del control
formal, parecería ser que la doctrina jurisprudencial a la que nos hemos
referido en este capítulo se acerca a la necesidad de limitar al Poder
reformador, al menos, desde el punto de vista formal.
2) Desde ahora queremos advertir que este tipo de
resoluciones, aunque pudieran considerarse de vanguardia[54],
lo cierto es que generan problemas constitucionales de gran magnitud. Esto es
así debido al principio de relatividad de las sentencias que priva dentro del
juicio de amparo mexicano, según el cual, la sentencia emitida sólo beneficia
al sujeto que acuda a solicitar la protección de la justicia constitucional,
por lo que en este caso, es sólo a la persona moral quejosa a la que no le será
aplicable esa porción normativa de la Constitución , lo que podría llegar a generar
–multiplicando el número de quejosos y de amparos concedidos en condiciones
similares- tantas Constituciones como mexicanos hayan solicitado y obtenido
amparos en contra de enmiendas a la Ley Fundamental , es decir, habría tantas
Constituciones como personas amparadas.
Aunado a lo anterior, el hecho de que la Constitución no sea
la misma para todos -dirían algunos- rompe con el principio de supremacía
constitucional, ya que “…el atributo de ser superior es imponible a
particulares y órganos de autoridad [estando] todos sujetos a lo que
diga su texto (…) nadie queda al margen de su función normativa.”[55] No cabe duda que
lo anterior -dicho sea de paso- redundaría en la generación de una inseguridad
jurídica de insospechadas proporciones.
Por ello, consideramos oportuno realizar una primera advertencia en el
sentido de que el control de reformas constitucionales no debe ser a
posteriori, es decir, no puede realizarse una vez que la reforma ya ha
entrado en vigor. De tal advertencia quizá debamos arribar a una conclusión prima
facie, en el sentido de que cualquier medio de control que se establezca
sobre las enmiendas constitucionales debe ser a priori, a efecto de no
generar problemas como los antes descritos.
3) Que con resoluciones como estas se deja ver que el
objeto de análisis del presente estudio no sólo es actual, sino que además
requiere una reflexión lo suficientemente profunda como para lograr arribar a
conclusiones correctas.
Esa actualidad y necesaria reflexión a las que nos hemos referido nos
invitan a manifestar contundentemente que, en relación con el tema que nos ha
ocupado, no todo está dicho, y más aún, no todo está definido, por lo que con precedentes como el
analizado en el presente inciso, así como el que se analizará a continuación,
la conclusión a la que –aparentemente- nos hemos acercado es a la de afirmar
que no existe, en torno al control constitucional de las enmiendas a la Carta
Magna, una doctrina jurisprudencial homogénea y coherente de la SCJN o del
Poder Judicial de la Federación. Conclusión la cual, dicho sea de paso,
justifica de manera muy importante la elaboración de esta investigación.
g)
El amparo “Consejo Coordinador Empresarial, A.C.”
Una muestra de la cambiante doctrina jurisprudencial (Amparo 1566/2007-VI)
Tal es la incertidumbre a la que nos hemos referido, que días
después de que la juez López Hernández resolviera el amparo 1753/2007, es
decir, el 20 de mayo de 2009, el Lic. David Cortés Martínez, Juez Decimocuarto
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, determinó
sobreseer el amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial, A.C.
(amparo 1566/2007-VI), y con ello no otorgar el amparo correspondiente, aún y
cuando existiera la misma ratio petitio (razón de pedir) que la
esgrimida por la Asociación de Industriales y Empresarios
de Morelos en el amparo 1753/2007.
En dicha resolución, el juez Cortés Martínez
manifestó que “es infundado el argumento de la quejosa consistente en
que se viola el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues si bien de la lectura del decreto reclamado, publicado el trece
de noviembre de dos mil siete, no se advierte el cómputo de los votos
mayoritarios de las legislaturas de los Estados de la República, ni consta la
declaración por el voto mayoritario de dichas legislaturas, también lo es que
el precepto constitucional de referencia no establece tal situación; es decir,
que se tenga que publicar necesariamente el cómputo de los votos mayoritarios
de las legislaturas de los Estados de la República y la declaración
respectiva.”[56]
Asimismo, prosigue el juez Cortés Martínez: “el argumento de que se
trata resulta infundado, toda vez que no debe perderse de vista que en el
juicio de amparo en materia administrativa, rige el principio de estricto
derecho y que la parte quejosa no precisa precepto legal alguno que establezca
la obligación de las autoridades que intervienen en el proceso de reforma a la
Constitución Federal, de publicar el cómputo y la declaratoria de que se habla,
[por lo que] en ese orden de ideas, tampoco se trasgreden las garantías
individuales de audiencia, de seguridad jurídica y de legalidad consagradas en
los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por no realizarse tales
publicaciones, ya que al Poder Legislativo no le es aplicable la garantía de
previa audiencia contemplada por el artículo 14 constitucional, en la forma y
términos que se respeta tratándose de otro tipo de actos de autoridades, ya que
dicha garantía se respeta, en casos como este, cuando al consignar en sus leyes
los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé
oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus
derechos…”[57]
De esta forma, concluye categóricamente señalando que “…el no publicarse el cómputo de los
votos mayoritarios de las legislaturas de los Estados de la República y la
declaración respectiva, en el Decreto por el que se que reforma los artículos
6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo
al artículo 97 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
Diario Oficial de la
Federación el trece de noviembre de dos mil siete, no
transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica (…) En
consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos, lo
procedente es negar el amparo solicitado…”[58]
Por paradigmático que parezca, con sólo doce días de diferencia, dos
jueces de distrito resolvieron dos casos idénticos de manera completamente
diferente, lo que nos deja ver la divergencia de criterios y la disímbola
interpretación constitucional que existe al respecto, haciéndose así evidente
la complejidad de nuestro objeto de estudio.
No obstante, a pesar del reconocimiento a tal complejidad, lo cierto es
que no debemos olvidar aquel principio general del derecho, aquella máxima
jurídica que reza: “…ubi
eadem est ratio, eadem debet esse juris dispositio…”[59]
Es por ello que debemos adentrarnos a las
profundidades de la teoría constitucional contemporánea para determinar si debe
limitarse -y en qué medida- al Poder revisor de la Constitución, porque lo único cierto es que
ante casos idénticos no deben emitirse resoluciones tan aparatosamente
divergentes.
h)
El recurso de queja del Instituto
Federal Electoral. Un repentino cambio de criterio. (Recurso de Queja 11/2008).
Como última muestra de la complejidad que representa el objeto de
estudio del presente trabajo, así como de la incertidumbre que priva en la SCJN en torno a los criterios
que los ministros han vertido respecto de la posibilidad de controlar
jurisdiccionalmente los actos del Poder reformador, analizaremos el recurso de
queja 11/2008, interpuesto por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Federal Electoral en contra del proveído de 2 de julio de 2008,
dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, por el que
admitió la demanda de amparo promovida por Televimex, S.A. de C.V., registrando
dicho juicio con el número 926/2008.
Tal y como ya lo hemos mencionado, derivado de la resolución
emitida por la SCJN en el amparo en revisión 186/2008, se concluyó que las demandas de amparo promovidas en contra
de la cuestionada reforma constitucional de noviembre de 2007, no actualizaban el
supuesto determinado por el artículo 145 de la Ley de Amparo, debido a que no
existe en ellas un motivo manifiesto e
indudable de improcedencia. De hecho, ya hemos referido que nuestro máximo
tribunal señaló que “…se debe admitir el juicio y el juez de Distrito estará
en su libertad de analizar las condiciones de la procedencia o improcedencia
con fundamento en otras causales o en su caso, dictar una sentencia de fondo,
analizar las condiciones de los efectos, en fin, todos ellos temas complejos,
pero no desecharlo de plano…”[60]
Pues de la misma forma en cómo se admitieron a trámite las demandas en
los dos juicios de amparo que fueron analizados en los dos incisos anteriores,
el Juez Sexto de Distrito en el Estado de
Guerrero hizo lo propio con la demanda que interpusiera la empresa Televimex,
S.A. de C.V. Sin embargo, en este caso y algunos más (recursos de queja 12/2008
y 16/2008), el Instituto Federal Electoral se inconformó[61] ante la admisión de las
demandas, ya que a su dicho, estas debían ser desechadas por ser notoriamente
improcedentes, lo que originó que con fecha 2 de junio de 2009, el Pleno de la
Corte analizara si tales autos admisorios debían confirmarse, o en su defecto,
debían anularse.
Así las cosas, no fue caprichoso el título del presente apartado (un
repentino cambio de criterio), sino que por el contrario, encuentra
justificación en lo que a continuación expondremos.
Páginas arriba señalamos algunas de las ideas vertidas por el ministro
Góngora en las sesiones plenarias que tuvieran lugar el 26 de junio y 29 de
septiembre de 2008, so pretexto del análisis de la acción de
inconstitucionalidad 168/2007 (y su acumulada 169/2007) y del amparo en
revisión 186/2008 respectivamente. En
aquellas acaloradas discusiones, el ministro Góngora vertió ideas muy
significativas para el objeto de este trabajo, entre las cuales deseamos
rescatar las siguientes:
- El ministro Góngora señalaba el 26 de junio de
2008 lo siguiente:
“…coincido con las consideraciones en torno al control
formal de las reformas constitucionales (…) así, para considerar que nuestra
República es auténticamente representativa y democrática como lo establece el
artículo 40 constitucional, resulta necesario que exista certeza de que las
modificaciones a la Norma
constitucional son realizadas conforme a lo previsto por la propia Constitución
y para ello el control jurisdiccional del órgano reformador resulta
indispensable…”[62]
“…también el contenido material de las reformas a la Constitución puede
ser materia de control por parte de este Alto Tribunal (…) me parece que hay
límites que la
Constitución no establece expresamente, pero que se deducen
claramente como exigencias de la propia Constitución, que imponen límites
inmanentes o implícitos a la actuación del órgano reformador.”[63]
“…a pesar de que la Constitución no lo diga (…) se deducen con
claridad límites materiales a las reformas constitucionales.”[64]
- El ministro Góngora señalaba el 29 de
septiembre de 2008 que:
“…toda Constitución contiene un núcleo que define su
identidad así como la continuidad del Estado, por lo que necesariamente es
inmodificable, esta inmodificabilidad se configura como un componente básico de
la defensa de la
Constitución y constituye el fundamento de la imposibilidad
de suprimir el orden constitucional en su totalidad, o en las partes nucleares,
y sustituirlo por otro distinto, mediante un procedimiento de reforma.”[65]
Pues a menos de un año de distancia (02 de junio de 2009), durante el
debate realizado so pretexto del análisis y resolución del recurso de queja al
que hace referencia el presente inciso, se escuchó una voz que debemos
calificar de absoluta coherencia jurisdiccional. Es el caso de la ministra
Margarita Luna Ramos quien manifestó que “…en este recurso de queja no se
está haciendo valer ninguna impugnación en relación con las reformas
constitucionales; sin embargo, del proyecto, en los únicos dos conceptos de
agravio que se hacen valer se están desestimando para determinar que no es una
causa notoria y evidente, y que finalmente debiera en un momento dado, de no
existir inconveniente, admitir la demanda respectiva. En lo personal, aun
cuando está listado el asunto bajo mi ponencia con el criterio ya fijado por la
mayoría en los asuntos precedentes, lo cierto es que yo he votado en contra, y
por esta razón mantendré el sentido de mi voto…”[66] Decimos
que se trata de coherencia judicial debido a que la ministra Luna Ramos siempre
ha defendido la tesis del no sometimiento del Poder revisor de la Constitución
a control alguno.
Ahora bien, lo verdaderamente sorprendente aconteció unos segundos
después, cuando el ministro Góngora tomó la palabra para preguntarle a la
ministra Luna Ramos los siguiente: “¿Cuál es la razón de su voto en contra?”[67], a
lo que la ministra contestó: “¡Ah!, señor. Bueno, pensé que no íbamos a
abrir la discusión en ese sentido, porque desde que habíamos fallado los
cuarenta y tantos asuntos que se resolvieron todos manifestamos de manera
amplia el criterio que sosteníamos, si quiere que lo repita, con muchísimo
gusto lo haría.” [68]
Acto seguido, el ministro Góngora respondía que sí, ya que “…algunos
señores ministros dijeron que procedía el amparo contra la reforma
constitucional, pero nada más en el procedimiento legislativo, y otros en
cuanto al fondo…”[69], y
continuaba Góngora señalando: “Usted dijo que ni en el procedimiento
legislativo ni en cuanto al fondo, eso fue lo que dijo”[70], a
lo que la ministra respondió: “Así es señor…”[71]
Fue en ese momento en donde se generaba el repentino cambio de criterio,
ya que el ministro Góngora concluía este diálogo con la siguiente idea: “Bueno,
yo he meditado sobre eso, y viendo los problemas que se presentan he
reconsiderado, creo que me equivoqué, creo que debo de votar en el sentido de
que no procede el amparo ni en cuanto al fondo ni en cuanto al procedimiento
legislativo; entonces, agregaré mi voto al suyo señora ministra.”[72]
De esta forma, uno de los principales impulsores de la existencia del
núcleo intangible de la Constitución y de su defensa, modificaba por completo
su criterio, lo que precisamente deja ver con claridad la complejidad del tema
al que nos enfrentamos. Así, el recurso de queja 11/2008 fue resuelto por
mayoría de siete votos en el sentido de que debía declararse fundada la queja,
y con ello, revocar el auto admisorio de la demanda de amparo planteada por
Televimex, S.A. de C.V.
Es importante mencionar que la resolución antes descrita no viene a
desvanecer los tímidos pasos que la SCJN había comenzado a dar en torno a la
configuración de una doctrina jurisprudencial que justifica la necesidad de
someter a control constitucional los actos del Poder revisor de la
Constitución, ya que el sentido de la misma, obedece principalmente a que en la
demanda de Televimex, S.A. de C.V., no se plantearon conceptos de violación en
donde se impugnara el procedimiento de reforma constitucional, sino que más
bien, se plantearon alegaciones en torno a determinados actos del Instituto
Federal Electoral, así como a los artículos del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, materia la cual, no puede ser conocida vía amparo
debido a lo establecido en el artículo 73, fracción 7 de la Ley de Amparo.[73]
De hecho, en el recurso de queja 12/2008, el cual fue también resuelto
en la sesión del 2 de junio de 2009, se determinó -con mayoría de seis votos- que la queja era
infundada, lo que significó la confirmación del auto admisorio de la demanda de
amparo interpuesta por el quejoso correspondiente, toda vez que en su demanda,
sí hizo valer en sus conceptos de violación alegaciones por vicios en el
procedimiento de reforma constitucional, con lo cual, se ratifica el criterio
que venía sosteniendo la mayoría de los ministros de la SCJN, en el sentido de
que la sola presentación de demandas de amparo en contra de reformas
constitucionales no actualiza el supuesto de notoria e indudable improcedencia.
Pero lo verdaderamente sorprendente, y que fue precisamente lo que nos motivó a
analizar este precedente, fue la forma en cómo el ministro Góngora modificó sustancialmente
su criterio.
De todo lo anterior, consideramos que
debemos hacer especial énfasis en que muchas de las ideas vertidas por los
ministros en el sentido de reconocer la necesidad de limitar al Poder
constituyente permanente son trascendentes, debido a que pueden ser el
punto de partida para consolidar una doctrina jurisprudencial que permita
realizar un control formal de las enmiendas a la Carta Magna, lo cual, podría
generar en el futuro la idea de ejercer también un control material a partir de
la identificación de ese “núcleo intangible” al que hacía referencia el
ministro Góngora antes de su radical cambio de criterio.
IV.LAS
CONCLUSIONES
“...el pueblo tiene el derecho original para establecer
para su futuro gobierno, los principios que en su opinión mejor logren su
propia felicidad (…) los principios así establecidos, se estiman fundamentales.
Y como la autoridad de la cual emanan es suprema y no puede obrar con
frecuencia, la intención al establecerlos es de que sean permanentes… ”[74]
John Marshall
Sobresale que con
los planteamientos vertidos durante los debates relativos a las acciones de inconstitucionalidad
168/2007-169/2007 y al amparo
en revisión 186/2008, algunos de los ministros de la SCJN parecen acercarse
cada vez más a doctrinas jurisprudenciales que ya han sido formuladas por otros
tribunales constitucionales en Latinoamérica.
Concretamente nos referimos a la doctrina fijada en el caso Fayt, la cual “significó que, por primera vez en la historia del Estado federal
argentino, la Corte Suprema de Justicia realizara un juicio de
constitucionalidad con total plenitud sobre disposiciones normativas creadas
por una Convención Nacional Constituyente que reformó la letra de la Ley Mayor.
La reforma constitucional de 1994 fue y lo sigue siendo -sin dudas- la que en toda
la historia constitucional de la
Argentina mayor grado de legitimación democrática ha gozado.
Por tanto, la nulidad de reglas constitucionales creadas por el poder
constituyente, como ocurrió en Fayt, genera la reapertura del debate en torno
de los fundamentos del control de constitucionalidad.”[75]
En dicho caso, la
Corte Suprema argentina señalaría en el considerando 5º que: “No obsta a lo afirmado la circunstancia de
que lo atinente al contenido de una reforma constitucional haya sido atribuido
válidamente a un poder distinto del judicial, pues aun en tales hipótesis
siempre este departamento, a la luz de la Constitución, está habilitado para
juzgar en los casos que se le planteen, si el acto impugnado ha sido expedido
por el órgano competente, dentro del marco de sus atribuciones y con arreglo a
las formalidades a que está sujeto. Y, de inmediato, prosiguieron el razonamiento:
El mandato de la
Constitución que pesa sobre el Poder Judicial es el de
descalificar todo acto que se oponga a aquélla (CSJN, Fallos: 32:120);
planteada una causa, no hay otro poder por encima del de esta Corte para
resolver acerca de la existencia y de los límites de las atribuciones
constitucionales otorgadas a los otros poderes y del deslinde de atribuciones
de estos entre sí. No admite excepciones, en esos ámbitos, el principio
reiteradamente sostenido por este tribunal, desde 1864, en cuanto a que es el
intérprete final de la
Constitución (CSJN, Fallos: 1:340). Si la esencia de nuestro
sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos
órganos y en la supremacía de la Constitución , ningún departamento puede ejercer
lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas (CSJN, Fallos:
137:47) y es del resorte de esta Corte juzgar la existencia y límites de las
facultades privativas de los otros poderes (CSJN, Fallos: 210:1095) y la
excedencia de las atribuciones en la que estos puedan incurrir (CSJN, Fallos,
254:43).”[76]
Tal conjunto de
premisas básicas -sostiene Ferreyra- no pasaría por alto la oportunidad de cerrar con una
conclusión contundente: “Incluso, en los
casos en que la interpretación constitucional lleve a encontrar que
determinadas decisiones han sido atribuidas con carácter final a otras ‘ramas
del gobierno’, el tribunal siempre estará habilitado para determinar si el
ejercicio de una potestad de dicha naturaleza ha sido llevada a cabo, dentro de
los límites de ésta y de acuerdo con los recaudos que le son anejos. El
quebrantamiento de algunos de los mentados requisitos o el desborde de los
límites de la atribución, harían que la potestad ejercida no fuese, entonces,
la de la Constitución
y allí es donde la cuestión deja de ser inmune a la revisión judicial por parte
del tribunal encargado -por mandato de
aquélla- de preservar la
supremacía de la Ley Fundamental.”[77]
Más adelante -en el considerando 7º- la Corte Suprema de Justicia de Argentina recordaba “…la doctrina citada en Ríos: la facultad de
reformar la Constitución no puede exceder el marco de la regulación
constitucional en que descansa.”[78]
Ahora bien, independientemente del precedente argentino, podemos ver
que la litis en torno a la reforma constitucional en materia electoral -o cualquier otra de similares características- no ha sido resuelta de manera definitiva, por lo
que no debemos olvidar
que la jurisprudencia -como
fuente del derecho constitucional- es la vía más dúctil para no frenar
su evolución, razón por la cual nos parece acertado que la SCJN vuelva a
revisar este tema, máxime si ha cambiado su integración desde el año 1999 a la fecha, por lo que
debe concedérseles a los nuevos ministros que no han participado en la
conformación de la doctrina jurisprudencial analizada, la oportunidad de
revisarla, y en su caso, consolidarla, o bien, modificarla.
Así, lo único cierto es que, hoy más que nunca, se presenta como
ineludible la necesidad de transitar
de la sola defensa de la
Constitución , a la defensa del núcleo intangible de la misma,
ya que -parafraseando al Estagirita- resulta evidente, en
efecto, que podríamos diferenciar los bienes constitucionales según una doble
acepción: unos por sí mismos, otros por razón de aquellos. Separando pues, los
bienes constitucionales esenciales de los bienes constitucionales útiles, distinción la cual nos obliga también a distinguir
la tutela y protección que requieren, ya que los segundos dependen de los
primeros, por lo que resulta más coherente con los conceptos básicos del
constitucionalismo contemporáneo, pensar en que el Poder constituyente
constituido posea límites, y de esta forma, se reconozca la existencia de
entidades jurídicas anteriores, superiores y/o exteriores al propio Estado y
sus órganos, entidades las cuales, posibiliten una vivencia real bajo el Imperio
del Derecho y que se configuren en el núcleo intangible de la Constitución.
¿Cuáles sean esos límites, cómo se definen adecuadamente y cómo deban
protegerse?, son asuntos, responde Ferreyra, “…de significativa magnitud y
trascendencia que requiere[n], ciertamente, un estudio específico”[79],
mismo que estaremos publicando con posterioridad.
[1] Aristóteles, Ética Nicomaquea, 17ª
ed., trad. de Antonio Gómez Robledo, México, Porrúa, 1998, colección “Sepan
cuantos…”, p. 4.
[2] Reale, Miguel, Introducción al
Derecho, Madrid, Ediciones Pirámide, s.a., p. 51.
[3] Escribano, José Luis, “Reflexiones
acerca del concepto de <<Núcleo>> en la gramática tagmémica”, Archivum,
Universidad de Oviedo, año 1979-1980, núm. 29-30, p. 226, http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=158&clave_busqueda=14418
[4] De acuerdo al artículo 210, inciso 3
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: “La etapa
de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo
General del Instituto celebre durante la primera semana de octubre del año
previo al en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y
concluye al iniciarse la jornada electoral.”
[5] Consejo Coordinador Empresarial, Comunicado
de Prensa, 05 de diciembre de 2007, http://www.cce.org.mx/NR/rdonlyres/DD82638D-E6F7-4538-84F8-C08B07DB0B03/1897/ampa
ro_5dic07.pdf
[6] Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia de treinta y uno de agosto
de dos mil cuatro.
[7] La Crónica de hoy. Jueves 06 de
diciembre de 2007. http://www.cronica.com.mx/
nota.php?id_nota=336557
[8] Sólo basta con
hacer referencia a algunas ideas que han generado grandes juristas de nuestra
época, en el sentido de que “el derecho
procesal constitucional constituye la rama más reciente de la ciencia procesal,
que se encarga esencialmente del estudio sistemático de las garantías
constitucionales en su sentido contemporáneo, es decir, esta disciplina
comprende el análisis de aquellos instrumentos predominantemente procesales que
están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha
sido desconocido o violado por los órganos del poder.” (Véase: Ferrer
Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones
de Héctor Fix–Zamudio al Derechos Procesal Constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo
(coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., México,
Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
A.C., 2006, t. I, p. 216)
[9] La Jornada. Viernes 07 de diciembre
de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/12/
07/index.php?section=politica&article=008n1pol
[10] El Economista. 07 de diciembre de
2007. http://www.eleconomista.com.mx/
articulos/2007-12-07-50849
[11] Consejo Coordinador Empresarial, Comunicado
de Prensa, 07 de diciembre de 2007. http://www.cce.org.mx
[12] Pero, ¿qué
debemos entender por tribunal constitucional? La doctrina a este respecto es
muy clara al afirmar que existen dos formas en cómo debe mirarse a este tipo de
órganos: desde una perspectiva formal, o bien, desde un enfoque material. “Desde
una perspectiva formal, que corresponde a la concepción tradicional, es
aquel órgano creado para conocer especial y exclusivamente de los conflictos
constitucionales, situado fuera del aparato jurisdiccional ordinario e
independiente tanto de éste como de los poderes públicos. Conforme a esta
concepción, las cortes o tribunales supremos pueden ser jurisdicciones
constitucionales pero no son, en estricto sentido, tribunales constitucionales.
Esta noción se identifica fundamentalmente con el modelo europeo de tribunal
constitucional. Una noción moderna y más amplia que corresponde a su enfoque
material, entiende por tribunal constitucional al órgano jurisdiccional de
mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la
interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental. En esta
concepción se encuentran varias cortes o tribunales supremos de América Latina,
donde podemos ubicar a la Suprema Corte de Justicia de México (…) que se ha
convertido materialmente en un tribunal constitucional.” (Véase: Ferrer
Mac-Gregor, Eduardo, “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo
(coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed., México,
Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
A.C., 2006, t. I, p. 242)
[13] Concretamente nos referimos al amparo
en revisión 186/2008 promovido por el Centro Empresarial de Jalisco, Sindicato
Patronal, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades,
consistentes en la expedición y aplicación del decreto por el que se reformaron
los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adicionó el artículo 134 y derogó
el párrafo tercero del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de
noviembre de 2007.
[14] Entiéndase por doctrina jurisprudencial a las resoluciones judiciales
referenciales que, pudiendo ser o no formalmente jurisprudencia, en el fondo de
los fallos se observa el análisis de un mismo problema jurídico que permite
analizar la manera en que se va desarrollando un criterio jurídico, razón por
la cual se les considera “doctrina”
puesto que constituyen opiniones cuya validez es de naturaleza estadística: la
repetición constante. Así por ejemplo, Rodolfo Luis Vigo al analizar una nómina
de argumentos, hace referencia al argumento
jurisprudencial, señalando que es aquel que se apoya en decisiones no
obligatorias porque en el supuesto de que la tuvieran se estaría en presencia
del argumento autoritativo, no jurisprudencial. (Véase: Vigo, Rodolfo Luis, “La argumentación constitucional”, en
Báez Silva, Carlos, Cienfuegos Salgado, David y Vázquez-Mellado García, Julio
César (coords.), Interpretación,
Argumentación y Trabajo Judicial, México, Porrúa-Facultad de Derecho
UNAM-Universidad Panamericana, 2009, p. 234)
[15]
De Vega García,
Pedro, “La Reforma Constitucional como defensa de la Constitución y de la
Democracia”, en Valadés, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El Estado constitucional contemporáneo.
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, UNAM-IIJ, 2006, serie Doctrina
Jurídica, núm. 357, t. II, p. 349.
[16] Entiéndase por control constitucional formal aquel ejercicio que se refiere a
revisar si las normas impugnadas cumplen o no con las Normas sobre la
Producción Jurídica, es decir, si cumplen con aquellas normas constitucionales
que establecen los procedimientos de creación, modificación y reforma de las
normas jurídicas que componen un sistema normativo, a diferencia del control constitucional material, a
través del cual, los jueces constitucionales resuelven la posible contradicción
de una norma con los valores y principios que se establecen en las cartas
magnas. (Véase: Carbonell, Miguel, Constitución,
Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en México, México, Porrúa,
2000, pp. 15-18)
[17] La expresión
viene de un texto del Digesto "princeps legibus solutus est"
(Dig. 1, 3, 31) que significa que el
príncipe no esté ligado a las leyes o que se encuentre por encima de ellas.
Ejemplos de las consecuencias de este “principio”, mismo que dio
sustento a las teorías estatistas del absolutismo pueden encontrarse muchos a
lo largo de la historia, por lo que sólo para mencionar uno de los más
conocidos y polémicos, citaremos el caso de Enrique VIII quien no
perdía la oportunidad de imponer su propio criterio al Parlamento inglés,
órgano el cual en 1533 aprobó una ley que declaró nulo el matrimonio de Enrique
VIII con su primera mujer Catalina de Aragón, y en 1536 aprobó una nueva norma
en virtud de la cual anuló igualmente el segundo matrimonio del monarca con Ana
Bolena. Con este episodio de la historia inglesa, no sólo se deja ver el
peligro que genera para la organización misma del Estado, reconocer que un
órgano estatal pueda configurarse como legibus solutus, sino que este
tipo de esquemas son una de las causas más importantes para la generación de
arbitrariedades, y por lo tanto, para la violación de derechos fundamentales.
Así lo señala Bruno
Aguilera Barchet, profesor de Historia del Derecho Contemporáneo en la
Universidad Rey Juan Carlos en España, manifestando que la ley expedida por el
Parlamento inglés en 1536 estipulaba también que cualquier persona que considerase
válido el matrimonio entre Enrique VIII y Ana Bolena sería condenado como autor
de un delito de traición. (Véase la página de Internet del Instituto de
Estudios Jurídicos Internacionales: http://www.ieji.es/3_Monarquia_ absoluta.pdf)
[18] De acuerdo al profesor de la
Universidad Católica Argentina, Gustavo Irrazábal, el concepto de iure
solutus se construye a partir de los mismos fundamentos teóricos que
sustentan el concepto de legibus solutus, pero es llevado al extremo,
toda vez que “el rey era considerado legibus solutus porque se le
atribuía la facultad de cambiar la ley cuando lo considerara oportuno, pero no
iure solutus, pues estaba sometido al derecho natural y debía responder de ello
ante Dios”, por lo que la diferencia entre ambos conceptos radica
en que el primero, aún se encontraba sometido y limitado por el derecho
natural, mientras que el segundo, ya no encontraba límite alguno a su función
creadora o productora de Derecho.
(Véase: Irrazábal, Gustavo, “La
Libertad Política y la DSI”, p. 3, http://www2.uca.edu.ar/uca/common/grupo24/files/Irraz-bal.pdf)
[19] Guastini, Ricardo, Estudios de
Teoría Constitucional, México, Fontamara-UNAM-IIJ, 2001, Doctrina Jurídica
Contemporánea, p. 31.
[20] De hecho Thomas Hobbes señalará que
la ley civil (el Derecho creado por el soberano) “es, para cada súbdito,
aquellas reglas que el Estado le ha ordenado de palabra o por escrito o con
otros signos suficientes de la voluntad, para que las utilice en distinguir lo
justo de lo injusto, es decir, para establecer lo que es contrario y lo que no
es contrario a la ley (…) no pudiendo ser reputado injusto lo que no sea
contrario a ninguna ley”, es decir, es el Estado el que “iluminará”
a los gobernados –a través de sus leyes- para que éstos sean capaces de
distinguir lo justo de lo injusto. (Véase: Hobbes, Thomas, Leviatán, Capítulo
XXVI, p. 108, http://www.scribd.com/doc/2346332/Hobbes-Leviatan)
[21] <<Simbiosis>> Asociación de individuos animales o vegetales de
diferentes especies, sobre todo si los simbiontes sacan provecho de la vida en
común. (Véase:Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, Real
Academia Española, http://buscon.rae.es/draeI/)
[22] Cuando hacemos referencia a entidad
jurídica que sea “superior, exterior y
anterior” al propio Estado, queremos referirnos a fuentes del derecho que
no dependan de la potestas normando que
poseen los órganos estatales. Así por ejemplo, es claro que el derecho
internacional de los derechos humanos son claramente una fuente de derechos que
se encuentra, hoy más que nunca, en una relación de superioridad respecto de
las Constituciones nacionales, sobre todo porque al momento de ratificar algún
tratado internacional en la materia, el Estado nacional se obliga a cumplirlo
de buena fe y sin que exista la posibilidad de alegar cuestiones de derecho
interno que justifiquen su incumplimiento, por lo que, aún y cuando el tratado
internacional fuere contrario a la Constitución de tal Estado, deberá aplicarse
aquel, precisamente por los principios de buena fe y pacta sunt servanda. De igual forma, cuando hablamos de costumbres
que pueden llegar a imponerse frente al derecho vigente y escrito, es decir,
que se configuran en costumbres derogatorias, sin duda estamos en presencia de
una fuente de derecho que es exterior al estado mismo. Y por último, cuando se
habla de los fundamentos de los derechos, como lo son, a dicho de Pereira
Maneaut, la vida, la libertad, la igualdad o la dignidad, y se les reconoce
como valores fundamentales que se configuran en realidades pre-jurídicas,
estamos frente a una fuente de derecho que es –incluso- anterior al propio Estado.
[23] Pereira Menaut, Carlos–Antonio, Lecciones de Teoría Constitucional, México,
Porrúa-Universidad Panamericana, 2005,
p. 86.
[24]
Citado
por De Vega García, Pedro, “El Poder
moderador”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México,
núm. 7, julio-diciembre de 2002, p. 222.
[25]
De Vega García,
Pedro, “La Reforma Constitucional como defensa de la Constitución y de la
Democracia”, en Valadés, Diego y Carbonell, Miguel (coords.), El Estado constitucional contemporáneo.
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, UNAM-IIJ, 2006, serie Doctrina
Jurídica, núm. 357, t. II, p. 349.
[26] Ferrajoli, Luigi, “Pasado y Futuro del Estado de Derecho”,
en Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s), 3ª ed., Madrid, Trota, 2006, p. 16
[27] En palabras del Dr. Vigo, tendríamos
que referirnos a esta etapa como aquella en la cual “el derecho decimonónicamente
hablando se definía por el legislador a través de las leyes y sobre éstas no
existía ningún control constitucional. Esta realidad europea cambiará en la
segunda mitad del s. XX mediante la introducción de Tribunales que hablaban
desde la Constitución, no sólo como legislador negativo, sino hasta modificando
y perfeccionando la obra legislativa.” (Véase: Vigo, Rodolfo Luis, De la ley al derecho, México, Porrúa, 2003, p. 9)
[28] Si a lo anterior agregamos que en
México: 1) el Poder constituyente permanente se integra de los diputados y
senadores del Congreso de la Unión y de los legisladores de los Congresos de
cada uno de los Estados miembros de la federación; 2) que de acuerdo a uno de
los principios derivados de la revolución mexicana no está permitida la
reelección inmediata de legisladores, lo que provoca –simultáneamente- un
acercamiento de dichos servidores públicos a los intereses de los partidos
políticos que los postulan y un alejamiento a los intereses de sus
representados; 3) que en nuestro sistema electoral no se permiten las
candidaturas independientes o ciudadanas; 4) que dicho Poder revisor de la
Constitución no tiene límite alguno –ni formal, ni material-, por lo que de las
premisas antes señaladas válidamente tendríamos que concluir que en nuestro
país, el Derecho y los límites al poder se encuentran en manos de los partidos
políticos mayoritarios.
[29] Sagüés, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y
procesos constitucionales en América Latina, México, Porrúa, 2004,
colección Biblioteca Porrúa de Derecho procesal Constitucional, t. I, p. 27.
[30] Fernández Rodríguez, José Julio y
Auzmendi del Solar, Montserrat, “Reforma Constitucional y Constitución Española
de 1978” ,
en Del Rosario Rodríguez, Marcos (coord.), Supremacía
Constitucional, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2009, p. 98.
[31] Tesis P. LXII/99,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X,
septiembre de 1999, p. 11, registro nº 193250.
[32] Tesis P./J. 39/2002, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, septiembre de 2002, p. 1136, registro nº 185941
[33] Tesis 2a. CXLI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, t. XVI, noviembre de 2002,
p.455, registro n° 185,509.
[34] Extracto de la versión
taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la SCJN, celebrada el
jueves 26 de junio de dos mil ocho con motivo de la acción de
inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007, p. 63.
[35] Ibidem, p. 7.
[36] Ibidem, p. 59.
[37] Ibidem, p. 20.
[38] Ibidem, p. 9.
[39] Ibidem, p. 10.
[40] Ibidem, p. 11.
[41] Ibidem, p. 12.
[42] Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, expediente Nº
0006-2003-AI/TC, 1º de diciembre de 2003.
[43]
Sentencia 1146/1988, Giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale, 15 de diciembre de 1988, http://www.cortecostituzionale.it/
[44] Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, expediente Nº
0050-2004-AI/TC, 05 de junio de 2005, párr. 33 y 34.
[45] Cfr. Vázquez-Gómez Bisogno, Francisco, “Intérpretes arqueólogos vs.
Intérpretes artífices. El caso Lydia Cacho”, en Báez Silva, Carlos, Cienfuegos
Salgado, David y Vázquez-Mellado García, Julio César (coords.), Interpretación, Argumentación y Trabajo
Judicial, México, Porrúa-Facultad de Derecho UNAM-Universidad Panamericana,
2009, p. 205
[46] Los jueces de
distrito han desechado estas demandas con fundamento en el artículo 145 de la
Ley de Amparo, el cual establece que: “El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito
de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la
desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.”
[47] Cabe señalar que en esta sesión no
estuvo presente el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón.
[48] Todas estas consideraciones son
extractos de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del
pleno de la SCJN, celebrada el lunes 29 de septiembre de dos mil ocho, con
motivo del amparo en revisión 186/2008, pp. 4-6.
[49] Ibidem, p. 9.
[50] Ibidem, p. 10.
[51] Ibidem, p. 6.
[52] Amparo 1753/2007 promovido por el representante legal de la “Asociación de Industriales y Empresarios de
Morelos”, Sindicato Patronal (ADIEM-COPARMEX), Lic. Florida López
Hernández, Jueza Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región,
con sede en San Andrés Cholula, Puebla, 08 de mayo de 2009, p. 101.
[53] Ibidem, pp. 74, 97 y 98.
[54] En este punto debemos aclarar que al
hablar de una “resolución de vanguardia”
hemos querido significar -simplemente- que es una primera sentencia que
puede servir como arranque para la construcción de una doctrina jurisprudencial
en torno a la limitación del Poder reformador de la Constitución. Lo
puntualizamos así, ya que “vanguardia”
también suele ser definida como el punto más avanzado o adelantado a los demás,
y consideramos que esta resolución tiene dos crasos errores técnico-jurídicos,
razón de más para concluir que no es una sentencia adelantada a su época. Los
defectos e inconsistencias radican en lo siguiente: (i) No consideramos que
derivado del texto de artículo 135 constitucional (“El Congreso de la Unión o
la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”),
deba concluirse que en tal declaratoria deben señalarse las legislaturas de los
Estados que votaron a favor y aquellas que votaron en contra. Si la conclusión
antes referida fuera la correcta, si la formalidad del proceso legislativo
tuviera tales alcances, deberíamos también invalidar las reformas
constitucionales que no incluyan el nombre de los diputados y senadores del
Congreso de la Unión que estuvieron presentes en las votaciones
correspondientes, así como el sentido de su voto, a fin de que los ciudadanos
pudiéramos determinar si tales enmiendas fueron aprobadas por la mayoría
calificada que establece nuestra Constitución. Por tal razón, nos parece que es
extremo el interpretar el proceso legislativo de esa manera. Ahora bien, con
ello no queremos decir que no deban cuidarse tales formalidades, por el
contrario, deben cuidarse, razón por la cual los expedientes parlamentarios
deben ser lo suficientemente públicos e integrales, pero de ahí a pensar en que
deba publicarse en el Diario Oficial de la Federación todo su contenido, nos
parece un poco alejado de la realidad y de la propia norma constitucional; (ii) Asimismo,
la jueza incurre en un error evidente, ya que al sostener su resolución en el
argumento de que se ha violentado el procedimiento de reforma constitucional,
declarando sólo la inconstitucionalidad de un párrafo de la reforma
constitucional analizada, nos lleva a preguntarnos lo siguiente: si el vicio se
presentó en el procedimiento legislativo, ¿dicha irregularidad no debe afectar
a todas las normas producidas por tal procedimiento?, es decir, como bien lo
cuestiona Pedro Salazar, “¿acaso la
supuesta irregularidad formal no valía igualmente para todas y cada una de las
disposiciones modificadas?”, sin duda; es por ello que nos parece una
resolución bastante criticable. (Véase: Salazar Ugarte, Pedro, “Una
Corte, una jueza y un réquiem para la reforma constitucional electoral”, en
Córdova Vianello, Lorenzo y Salazar Ugarte, Pedro (coords.), Democracia sin garantes. Las autoridades vs.
la Reforma electoral, México,
UNAM-IIJ, 2009, p. 51.)
[55] Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, 3ª ed., México,
Oxford, 2008, p. 3.
[56] Amparo 1566/2007-VI promovido por el representante legal del
Consejo Coordinador Empresarial, A.C., Lic. David Cortés Martínez, Juez
Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 20
de mayo de 2009.
[57] Idem.
[58] Idem.
[59] Lo que significa: “…donde existe la misma razón, debe tener
lugar la misma disposición…” (Véase: Soberanes
Fernández, José Luis, “Los valores
jurídicos en la historia”, en García Ramírez, Sergio (coord.), Los valores
en el derecho mexicano. Una aproximación, UNAM-FCE, 1997, sección de Obras
de Política y Derecho, p. 448, http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1374/24.pdf
[60] Extracto de la versión
taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la SCJN, celebrada el
lunes 29 de septiembre de dos mil ocho, con motivo del amparo en revisión
186/2008), p. 6.
[61] Recordemos que de acuerdo con el
artículo 95 de la Ley de Amparo, el recurso de queja es procedente
–precisamente- contra los autos dictados por los jueces de Distrito o por el
superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan
demandas notoriamente improcedentes.
[62] Extracto de la versión
taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la SCJN, celebrada el
jueves 26 de junio de dos mil ocho con motivo de la acción de
inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007, p. 9.
[63] Ibidem, p. 11.
[64] Ibidem, p. 12.
[65] Ibidem, p. 9.
[66] Extracto de la versión taquigráfica de la sesión pública
ordinaria del Pleno de la SCJN, celebrada el martes 2 de junio de dos mil
nueve, con motivo de los recursos de queja 11/2008, 12/2008 y 16/2008, p. 10.
[67] Ibidem, p. 11.
[68] Idem.
[69] Idem.
[70] Idem.
[71] Idem.
[72] Ibidem,
p. 12.
[73] Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente:
VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y
autoridades en materia electoral.
[74] Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos de Norteamérica, Marbury vs. Madison, 1803.
[75] Ferreyra, Raúl
Gustavo, "Reforma constitucional y cuestiones políticas", en Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 7, enero-junio
2007, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, p. 114, http://www.iidpc.org/revistas/7/pdf/35_56.pdf
[76] Ibidem, pp. 115-116.
[77] Idem.
[78] Ibidem, pp. 116-117.
[79] Ibidem, p. 124.
